Pregunta sobre el número de afectados por
participaciones preferentes suscritas por las cajas de ahorros gallegas e importe
aproximado de las mismas. (681/000142)
Autor:
FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS).
La señora VICEPRESIDENTA
(Jiménez García): El punto primero del orden del día es la contestación del
Gobierno a las preguntas.
Doy la bienvenida al señor
secretario de Estado de Economía, don Fernando Jiménez Latorre.
Para formular su pregunta, tiene la
palabra el senador Fidalgo Areda, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor FIDALGO AREDA: Gracias,
señora presidenta.
Señor secretario de Estado, traigo
una pregunta reconvertida porque fue contestada parcialmente, y tengo que decir
que de forma muy insatisfactoria, ya que no se daba respuesta a algunas
cuestiones planteadas, como el número de afectados, etcétera, sobre una
cuestión de completa actualidad.
En Galicia ―que era la zona a la que
se ceñía la pregunta―, una operación desastrosa hizo que en un país que contaba
con dos cajas y varios bancos, después de la gestión de unidad del señor Núñez
Feijóo, contemos con cero cajas y cero bancos, y con unas entidades que
probablemente se estén preparando para que otros grupos más potentes tengan más
negocio, aunque las empresas y familias dispongan de menos crédito y los
gallegos cuenten con menores servicios.
En este momento, se dice que están
afectados por preferentes en Galicia aproximadamente 43 000 ciudadanos
ahorradores, más los 100 000 ciudadanos que están cogidos en subordinadas.
Personas que creían que tenían unos depósitos seguros, que por distintas
técnicas se los han captado para invertir en operaciones ruinosas fuera de la
comunidad autónoma de Galicia y que les ha llevado a la ruina. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y
el Gobierno se ha dedicado a salvar a las entidades dejando absolutamente
abandonados a estos ahorradores. Unos ahorradores que han sido utilizados, en
concreto en Galicia en período electoral, prometiéndoles soluciones que no
llegan. Un Gobierno que es capaz de encontrar 100 000 millones de euros
para salvar los grandes agujeros de la gran banca, que tiene 9500 millones para
ayudar a Novagalicia Banco para entregárselo en el futuro a algún grupo, y que
es incapaz de encontrar 903 millones para los ahorradores que han sido
engañados con este timo de las preferentes. Por lo tanto, es necesario hacer
todo lo posible para devolver esos ahorros a estas familias, a los 43 000
ahorradores con preferentes y a los 100 000 con obligaciones subordinadas
de Galicia, que son personas humildes, trabajadoras, que han estado trabajando
en la emigración, en el mar, en la agricultura, para ahorrar a lo largo de 40 o
50 años para asegurar unos ciertos ingresos y sobrevivir a la vejez.
No es admisible la solución del
Gobierno, no son admisibles las quitas, salvajes en el caso de las preferentes
que se anuncian de hasta un 43%, y con una segunda quita, el canje de títulos,
que viene a ser la versión moderna de las estampitas. Una solución que no se
puede admitir que la den los mismos bancos que crearon el timo. Una solución
que no está en el mercado porque en este momento en el caso de Novagalicia Banco,
el FROB, el Gobierno como accionista mayoritario es el mercado. Por lo tanto no
hay mercado, el Gobierno es el único mercado. Y es quien consuma esa estafa y,
por lo tanto, no puede gestionar la solución. No puede reírse de los afectados,
rebajarle su dinero a la mitad, decirles que lo van a cobrar el año que viene y
el resto en 7 años, en estampitas que no se sabe qué valor van a tener. No es
admisible. Yo le quiero reiterar en nombre de los afectados que conozco que no
se va a admitir ninguna solución que no sea recuperar todo el dinero y que lo
recuperen todos los estafados. Lo contrario generaría una frustración que no es
soportable. No se puede seguir humillando a los ciudadanos afectados, ni
vejarlos, ni tratarlos como si fueran revolucionarios. Son personas de 70, de
80 años, que a su edad no tienen que pelearse con los antidisturbios y cada día
andar en manifestación.
Es el Gobierno quien tiene que dar
las soluciones que reclaman todas las administraciones públicas de Galicia,
incluido el Parlamento de Galicia, que acordó hace unos días solicitar que no
se hagan quitas, que se recupere la totalidad de los ahorros, asesorar y
prestarle asesoramiento a los afectados, pedir todos los medios necesarios para
que los mecanismos de arbitraje funcionen para recuperar todo el dinero y que
se actúe con criterios conocidos y públicos. Y llegado el caso, si hubiera que
responder por parte del Estado, el Estado como responsable civil de esta
operación también sería justo que arbitrase los medios, en forma de indemnización
o como sea. Por eso demandamos al Gobierno hoy que se comprometa a salvar a los
estafados que son víctimas. Creo que la primera obligación del Estado es
salvarlos, y en estos días de Semana Santa le pido que acaben por fin con el
vía crucis y la crucifixión que están pasando estos ahorradores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Fidalgo.
Tiene la palabra el señor secretario
de Estado de Economía.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE
ECONOMÍA y apoyo a la empresa (Jiménez
Latorre): Gracias, señor presidente.
El Gobierno es muy consciente de la
situación creada por la comercialización masiva de productos de capital
complejos entre pequeños ahorradores. Y el Gobierno ha estado en todo momento
comprometido para evitar que se produzca una comercialización de este tipo en
el futuro, buscando fórmulas que den una solución que compatibilice la mejor
respuesta a los afectados con el necesario cumplimiento de la normativa
comunitaria de ayudas de Estado y los planes de reestructuración y resolución,
aprobados por la Comisión Europea,
y el respeto de los principios de la menor carga al contribuyente en los
procesos de saneamiento y reestructuración de las entidades bancarias.
Consciente de esta problemática que,
por otra parte, es heredada en la medida en que la comercialización masiva de
estos productos se produjo en el pasado, se aprobó el Real Decreto−Ley 24/2012, de 31 de agosto, de
Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito que fue tramitado
parlamentariamente como Ley 9/2012, de 14 de noviembre, introduciendo una
disposición adicional decimotercera de medidas adicionales de protección del
inversor. Se trata de desincentivar la comercialización masiva de estos
productos introduciendo un requisito de participación de inversores
mayoritarios del 50% en las emisiones. Es decir, el 50% de las emisiones de
este producto deben estar suscritas por inversores profesionales, inversores
especializados, lo que garantiza, de alguna forma, la seguridad y la
consistencia de las emisiones. Además, exige una compra mínima de 100 000
euros en el caso de las entidades no cotizadas y 25 000 euros en el caso
de las cotizadas. Adicionalmente, se incrementan los controles que tiene la Comisión Nacional
del Mercado de Valores en la comercialización de estos productos, exigiéndose a
los suscriptores minoristas que escriban de puño y letra que han sido
advertidos de la complejidad del producto y de su no idoneidad para la
adquisición del mismo.
Posteriormente, el Real Decreto Ley
6/2013, de 22 de mayo, de Protección de los titulares de determinados productos
de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, introdujo dos
iniciativas también relacionadas con el problema de la comercialización en
tramo minorista de estos productos complejos de capital. Por una parte, se creó
la comisión de arbitrajes, la cual trata de hacer un seguimiento, trata de
hacer propuestas de criterios para agilizar los arbitrajes, trata de establecer
también una prelación o un trámite de mayor rapidez para los colectivos más
vulnerables y la posibilidad de establecer criterios para que las entidades que
se someten a arbitraje sigan estos criterios de resolución de los casos de mala
praxis en la comercialización. Esta comisión estará presidida por la presidenta
de la CNMV y
vicepresidida por el Banco de España, de forma que el parlamento estará
debidamente informado de los avances en los procesos de arbitraje y, en su
caso, hará las propuestas que estime oportunas tanto al parlamento como para el
Gobierno.
Otro aspecto importante de este Real
Decreto Ley fue el otorgar al Fondo de garantía de depósitos la capacidad de
dar liquidez a las acciones de entidades que no cotizan en bolsa, con objeto de
evitar una penalización adicional al hibridista que se convierte en accionista,
consecuencia de los procesos de canje que han de realizarse en cumplimiento de
los planes de reestructuración aprobados por la Unión Europea. Esta
posibilidad de crear un mercado para unas acciones que no cotizan y que no
tienen perspectivas de cotizar, de acuerdo con los planes de reestructuración
aprobados en la Unión
Europea, se harán a precio de mercado, de forma que será un
valorador independiente el que determine el precio al que se ha de realizar esa
adquisición, que, repito, la hará de forma voluntaria el titular de la acción,
y habrá de cumplir, por tanto, con los criterios de reparto de carga, ayudas de
Estado y no transferencias al sector privado, que establece la Unión Europea.
En lo que se refiere a la situación
en lo que a número de titulares de instrumentos híbridos se refiere, la
situación de Novacaixagalicia es la siguiente: estamos hablando, antes de los
arbitrajes, de 85 000 titulares minoristas de instrumentos híbridos de
capital por un importe total de 1819 millones de euros, que se desglosa en
38 500 titulares de participaciones preferentes por un importe de 903
millones de euros, 5800 titulares de deuda subordinada perpetua por un importe
de 58 millones de euros, y 41 000 titulares de deuda subordinada con
vencimiento por un importe total de 857 millones de euros. Estas cifras han de
tener en cuenta que hay varios titulares que son a su vez titulares de
distintos instrumentos, con lo cual el número de afectados total es inferior a
esos 85 000 millones que mencionaba al principio. Si tenemos en cuenta la
participación de inversores mayoristas o de inversores institucionales en este
tipo de instrumentos, llegamos a la cifra de 2374 millones de euros de
instrumentos híbridos de capital de esta entidad. Si bien las entidades podían hacer
canjes por acciones, en la medida en la que querían dar una salida pronta a
esta situación de liquidez de inversiones previas realizadas, en el caso de las
entidades que recibían apoyo público, esto no lo podían hacer de acuerdo con la
normativa europea, y por eso se ha tenido que esperar a la aprobación de los
planes de reestructuración para llevar a cabo los canjes en cuestión. La
comisión ha sido muy estricta en la aceptación de los canjes, se ha negociado
de la mejor manera posible y se ha conseguido que los canjes sean lo más
generosos posibles, en la medida en la que se convertía al titular de estos
instrumentos en accionista y, en consecuencia, con eso se aligeraba de forma
importante la carga que finalmente el contribuyente tendría que soportar para
sanear la entidad.
Dentro de las normas y los
preferentes comunitarios, hay toda una prelación de cómo se debe de soportar la
carga de esos apoyos públicos, empezando, en primer lugar, por los accionistas
y, a continuación, por los titulares de preferentes, después, por titulares de
deuda subordinada perpetua y, por último, titulares de deuda subordinada a
vencimiento. Este principio es muy estricto en la Unión Europea, basta
con mencionar, por ejemplo, el rescate de la entidad holandesa SNS Real, la
cuarta entidad bancaria y de seguros del país, donde los titulares de
instrumentos híbridos de capital soportaron el 100% de la pérdida del valor de
sus títulos.
En lo que se refiere al resultado
final de los canjes, tras el cumplimiento de los planes de reestructuración y
ya con las cuentas auditadas del año pasado, los recortes que sufrirán los
titulares de estos instrumentos son: del 43% para los titulares de
participaciones preferentes, del 41% para los tenedores de deuda subordinada;
en el caso del Banco gallego, estos recortes serán del 50% y del 39%
respectivamente. Quiero indicar que se trata de recortes medios por
instrumento. Cada instrumento tiene sus características en la medida en la que
se tiene en cuenta el tipo de interés de la emisión y, por tanto, incluso
dentro de las preferentes habrá recortes distintos, estoy hablando, por tanto,
de recortes medios; y en el caso de la deuda subordinada a vencimiento, los
tenedores tendrán opción de canjearla bien por acciones del banco, previo descuento
correspondiente sobre el nominal, o bien canjearla por bonos o depósitos
bancarios con el mismo vencimiento y con un previo descuento del nominal del
1,5% por mes hasta la fecha del vencimiento del título en cuestión. Ello hace
que el recorte medio estimado para esta categoría de títulos, esté entorno al
22% para el caso de Novacaixagalicia y el 11% para el caso del Banco gallego.
En conjunto del porcentaje medio de
los instrumentos híbridos de capital, el recorte que en término medio
soportarán los titulares de estos instrumentos en Novacaixagalicia está entorno
al 33%. En definitiva, aquí se ha optado por tres iniciativas. Una, salvar a la
entidad. La entidad tenía unas necesidades de capital muy significativas que
ponían en evidencia la inviabilidad de su negocio. Era importante salvar a la
entidad y garantizar su permanencia en el mercado. Otra, para los casos en los
que la comercialización fuese más cuestionable, se establece un procedimiento
rápido y ágil de arbitraje para permitir la recuperación de la totalidad del
importe invertido por los ahorradores. Y la tercera es, en la medida en que se
aplican los criterios de reparto de la carga de los planes de reestructuración
para evitar o tratar de minimizar el coste para el contribuyente en el proceso
de saneamiento, permitir también una solución de liquidez a aquellos que lo
deseen y que prefieran esa liquidez a precio de mercado en lugar de esperar a
la eventual enajenación de la entidad para obtener la liquidez de la
participación en la nueva entidad adquirente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Jiménez Latorre.
Para réplica tiene la palabra el
senador Fidalgo.
El señor FIDALGO AREDA: Señor
secretario de Estado, evidentemente creo que no hablamos de lo mismo. No
estamos hablando de un problema de inversores que hayan tenido mala suerte en
su apuesta por una inversión, estamos hablando de ahorradores estafados bajo
figuras disfrazadas de inversiones; por lo tanto, no son inversores, son
señores mayores que han ahorrado lo poco que han podido ahorrar —50 euros al mes, o lo que sea— para tener en la vejez una
tranquilidad. Personas que a sus ochenta años tiene que estar manifestándose
todos los días, que tienen una gran frustración porque a este problema no se le da solución.
No busque disculpas ni escapatorias,
ni es un problema de la
Unión Europea, que ve bien el arbitraje y la posible
indemnización del Estado, etcétera, ni del pasado. En Galicia, en este caso
concreto, las preferentes se detectan por los ahorradores cuando les dejan de
pagar los intereses, y van a la entidad y no pueden recuperar su dinero. Por
cierto, ha jugado mucho a favor de esta operación el forzar una fusión inviable
por parte del señor Feijoo en Galicia, que se ha dedicado mucho a intentar
salvar la entidad —dice él— pero ningún esfuerzo en salvar a
los estafados. Somos capaces de buscar 9000 millones para la entidad y no
encontramos 900 millones para los estafados; por lo tanto, no hablamos de
problemas financieros de inversores ni de una operación financiera.
No sé cómo decirlo, pero los
ahorradores estafados no van admitir ninguna quita, que se les rebaje el dinero
al 50% y que luego el restante 50% se le de en papel a siete años; ni canjes ni
cosas por el estilo. Quieren una solución para recuperar sus ahorros como una
pequeña parte que, por cierto, los ha recuperado a través del arbitraje;
aproximadamente, 60 000 han recuperado una pequeña parte. Es verdad que
más bien en período electoral que ahora que está absolutamente congelado. Hay
vías para resolverlo y el Gobierno debería aplicarse porque tiene mecanismos,
poder y potencialidad para resolverlo, y, además, en concreto, Caja Galicia es
del Gobierno, que es el FROB, y es el accionista mayoritario de esta entidad.
Por lo tanto, no nos hable de soluciones a un problema financiero, háblenos de
soluciones a personas que han sido engañadas. Evidentemente, la frustración que estamos creando con dilatar
una solución que habrá que hacer algún día de una forma o de otra, está
poniendo en riesgo serio la convivencia en Galicia y la paz social que todos
merecemos y que merece también, incluso, el propio sistema financiero gallego.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias,
senador Fidalgo.
Les rogaría a todos cierta
moderación en el uso de calificativos que tienen transcendencia jurídica; es
decir, cuando hablamos de estafa, la estafa tiene un contenido jurídico que
mientras no está demostrada no existe, se puede hablar de engaños. Hay
terminología política que permite que tengamos la libertad de expresión
adecuada y correspondiente a la
Cámara, y hay otra terminología que tiene transcendencia
jurídica que yo creo que excede de esa capacidad de libertad. Simplemente pido
moderación en el uso de este tipo de expresiones.
El señor FIDALGO AREDA: Señor
presidente, no le admito la corrección en una cuestión que, desde luego, maneja
y toca a representados míos, ya que tengo la obligación de expresar aquí
fielmente el sentir que tienen.
El señor PRESIDENTE: Sí, senador
Fidalgo, usted puede expresar el sentir que pueda tener alguna persona, pero en
aras de un entendimiento parlamentario lo que tiene transcendencia jurídica,
tiene transcendencia jurídica, y lo que no debe tener transcendencia jurídica,
no hay que dársela. Simplemente, le pido moderación en las expresiones, que no
vayan más allá de lo que es la libertad de expresión que en las propias Cámaras
debemos tener. Perdón por esta interrupción.
Tiene la palabra el secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE
ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
(Jiménez Latorre): Gracias, presidente.
En esa misma línea, efectivamente,
el organismo que vigila el cumplimiento
de la comercialización de este tipo de productos es la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. La comisión ha hecho su seguimiento y ha hecho su
valoración; cuando ha identificado casos de mala práctica, los ha sancionado.
Lo que ha hecho con el arbitraje es un esfuerzo muy significativo para dar una
solución rápida cuando ha habido una mala práctica en la comercialización de
estos productos; para dar en los casos más llamativos, bien sea por la edad del
titular, por su nivel cultural, por su nivel de renta, una solución rápida para
la recuperación de esa inversión, asumiendo la entidad todo el coste de la
pérdida que debe soportar para sanear la entidad financiera. Todo esto debe
hacerse dentro de la normativa europea de ayuda al Estado —ahí hay unos límites—, con independencia de si
consideramos que es el contribuyente y no el titular de un instrumento de
capital el que debe soportar las pérdidas de las inversiones; esa es una
cuestión en la que la
Unión Europea y la ortodoxia, respecto de los saneamientos
bancarios, están claramente a favor de que no sea el contribuyente el que deba
soportar esos costes, y esos son los
equilibrios que se han alcanzado.
El Gobierno es muy consciente de
este problema y ha tratado de poner en práctica cuantos instrumentos dentro de
la normativa europea están disponibles para dar la mejor solución a los casos
más llamativos, y no estamos hablando de siete años. A lo mejor la confusión de los siete años viene
dado por el hecho de que es el sistema financiero al que se le está pidiendo
que también soporte y ayude a solucionar la cuestión de la ausencia de un
mercado para los preferentistas que se han convertido en accionistas de
entidades que no cotizan, estos sí que deberán hacer una aportación
extraordinaria al Fondo de Garantía de Depósitos durante siete años; pero el preferentista que quiera
recuperar la liquidez de sus acciones podrá hacerlo de forma inmediata. Por
tanto, se da una solución que si la comparamos, como he comentado, con las
soluciones en el caso holandés y otros Estados miembros, es satisfactoria para
la magnitud de los problemas a los que se enfrentaba el banco en cuestión.
Muchas gracias.